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Cinco miembros de la empresa privada de seguridad, Blackwater, contratada por el gobierno de Estados Unidos en Irak y Afganistán como grupo de apoyo y complemento a sus tropas militares, se entregaron a las autoridades federales de Salt Lake City (Utah) tras haber sido acusados del homicidio de 14 iraquíes desarmados durante un tiroteo en Bagdad. Paralelamente a esta circunstancia, un soldado se autoinculpó el viernes de la semana pasada. El suceso, en el que murieron 17 personas, aunque sólo hay pruebas que imputen a los mercenarios en 14 de ellas, originó fuertes tensiones entre las administraciones estadounidenses y las iraquíes. En su defensa, los miembros de Blackwater alegaron que abrieron fuego en defensa propia.
Un año después de lo ocurrido, la justicia de Estados Unidos, escuchadas las partes y sopesadas las pruebas de que disponía, ha determinado que el relato de los hechos fue muy diferente, tal y como se extrae de los documentos de la investigación hechos públicos. “Los seis guardias dispararon con armas automáticas y lanzagranadas sobre civiles desarmados. Ninguna de las víctimas pertenecía a la insurgencia y muchos fueron tiroteados en el interior de sus vehículos mientras intentaban huir”, según manifestó Jeffrey Taylor, fiscal encargado del caso.
Entre los detalles que se han dado a conocer, se incluye la muerte de uno de los iraquíes como consecuencia de un disparo recibido mientras se encontraba parado en la calle con los brazos en alto. Mientras tanto, una investigación desarrollada por el gobierno de Irak concluyó que los miembros de Blackwater dispararon sin provocación previa. Actualmente, no sólo el FBI y la justicia militar de EEUU lo corroboran, sino que manifiestan que los únicos que disponían de armas eran los propios miembros de la empresa de seguridad privada.
Ello tiene lugar en un momento en que la situación en el país mesopotámico se ha tranquilizado, según los informes dados a conocer por el Departamento de Defensa estadounidense y de David Petraeus, general que inició la misión con el objetivo de estabilizar el país. Las perspectivas a medio plazo de la administración electa pasan por una retirada progresiva de las tropas militares, al tiempo que fomentan, con ayuda internacional, la formación de un gobierno en el que estén representados equitativamente todas los agentes políticos y sociales iraquíes.
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